Los bonos verdes pueden ser una herramienta poderosa para atraer inversiones en proyectos medioambientales, pero es necesario realizar reformas para impulsar un mayor crecimiento del mercado, sostiene Colin Purdie.
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El mayor fondo de pensiones del mundo encabeza la tendencia, y los demás le siguen. Por tanto, los mercados mundiales prestaron especial atención cuando Hiro Mizuno, director de inversiones del Fondo de Inversión de Pensiones del Gobierno de Japón (GPIF), de 1,4 billones de dólares estadounidenses, expresó su escepticismo sobre los bonos verdes. En una entrevista concedida al Financial Times a principios de julio, Mizuno dijo que sin reformas clave, esta clase de activos corre el riesgo de convertirse en “una moda pasajera”.1
A simple vista, los bonos verdes –instrumentos de deuda diseñados para recaudar capital para proyectos específicos y respetuosos con el medio ambiente– parecen mucho más que una moda. Desde que el Banco Mundial emitió los primeros bonos verdes a finales de la década de 2000, el mercado ha crecido de forma exponencial. Según las estimaciones de la Iniciativa de Bonos Climáticos (CBI, por sus siglas en inglés), una organización sin ánimo de lucro, es probable que la emisión total en 2019 alcance un volumen de 250.000 millones de dólares estadounidenses, frente a 3.500 millones de dólares en 2012.2
El caso de los bonos verdes es muy sencillo. Proporcionan un medio para que las empresas y los gobiernos financien proyectos destinados a luchar contra el cambio climático. También se adaptan bien a los inversores que buscan reforzar sus credenciales medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Sin embargo, Mizuno tenía razón al señalar los problemas fundamentales que están impidiendo que estos bonos irrumpan en el mercado principal.
Fijación de precios y liquidez
Uno de los problemas es que los bonos verdes tienden a ser relativamente pequeños –el tamaño de las emisiones es aproximadamente cinco veces menor que el equivalente más cercano de “bonos clásicos”, de media3– y predominan los emisores con calificación AAA, lo que limita el potencial de diversificación y restringe las posibilidades de elección de los inversores. Por lo tanto, los bonos verdes son menos líquidos que los valores convencionales con la misma calificación crediticia.
Desde el punto de vista del emisor, los costes relacionados con los estrictos requisitos de presentación de informes y la supervisión por parte de terceros hacen que los bonos verdes resulten algo más caros a la hora de introducirlos en el mercado. A menudo, la atención externa se centra en operaciones de alto perfil que cuentan con una gran sobresuscripción, lo que permite a los emisores reducir los costes de los préstamos: La operación de bonos verdes del gigante de las telecomunicaciones estadounidense Verizon, por valor de 1.000 millones de dólares estadounidenses en febrero, es un buen ejemplo. Pero los estudios llevados a cabo por la agencia de calificación Standard & Poor's han revelado pocas pruebas de una “prima verde” global.4 En cualquier caso, sería difícil para los inversores justificar el pago de un mayor importe por los bonos verdes en comparación con los bonos tradicionales o «marrones» del mismo emisor.
Mizuno dejó claro que el GPIF desearía aumentar sus posiciones en bonos verdes para apoyar proyectos medioambientales, pero que, en su forma actual, son “productos perdedores” que necesitan ser rediseñados para que resulten más atractivos, tanto para los emisores como para los inversores.5
Qué verde era mi bono
También existen problemas relacionados con la definición y la identificación de los bonos verdes que vienen de lejos. A pesar de los esfuerzos para normalizar el mercado por parte de la Iniciativa de Bonos Climáticos, la Asociación Internacional de Mercados de Capitales –que autorizó los “Principios de los Bonos Verdes”– y la Comisión Europea, todavía no existe un marco de referencia en el que todo el mundo pueda llegar a un acuerdo sobre la definición de los mismos.
En 2018, la Iniciativa de Bonos Climáticos registró 23.700 millones de dólares en bonos emitidos como con la consideración de bonos verdes que no cumplían con sus propios criterios de selección. Entre ellos se incluían bonos “verdes” emitidos por empresas que explotan centrales eléctricas de carbón en China.6
Las normas existentes, como los Principios de los Bonos Verdes, tienden a centrarse en el uso de los ingresos, no en las actividades de mayor alcance del emisor. Por consiguiente, las compañías de petróleo y gas pueden emitir bonos verdes de forma legítima, incluso si contribuyen de forma significativa a las emisiones de carbono, lo que da lugar a acusaciones de “lavado verde”. Del mismo modo, Polonia ha sido líder en la emisión de bonos soberanos verdes a pesar de su persistente dependencia del carbón como motor de su economía. Y aunque los gestores de activos deberían apoyar a las empresas y a los gobiernos en su transición hacia la sostenibilidad, etiquetar estos bonos como ecológicos podría crear confusión entre los inversores finales.
Además, existe la posibilidad de un “impago verde” –el riesgo de que un emisor incumpla sus promesas. Aunque ningún emisor importante de bonos verdes lo haya hecho hasta el momento, algunas emisiones han provocado el descrédito de los grupos ecologistas. En 2014, la compañía energética francesa GDF Suez (ahora ENGIE) lanzó una emisión de bonos verdes por valor de 2.500 millones de euros para financiar proyectos de energía renovable, utilizando parte de los ingresos para construir una represa hidroeléctrica en Brasil. Los grupos ambientalistas señalaron que, si bien la represa proporcionaba energía limpia a las comunidades locales, también causaba inundaciones que dañaban el ecosistema local. Los rendimientos del bono GDF subieron en medio de la controversia.7
Posibilidades de mejora
¿Cómo se puede hacer frente a estos problemas? Nos gustaría ver reformas en tres ámbitos.
En primer lugar, los responsables políticos deberían incentivar la inversión institucional en bonos verdes mediante la adopción de medidas de desgravación fiscal. Algunos analistas sostienen que los gobiernos deberían centrarse en hacer que los bonos verdes sean más asequibles para los emisores, dejando en manos de los inversores la responsabilidad de su compra, incluso si se vuelven menos atractivos como inversión. No estamos de acuerdo: lejos de ampliar el mercado, esta medida convertiría a los bonos verdes en un activo nicho apto únicamente para los fondos ESG especializados.
En este sentido, sería mejor instar a los grandes inversores institucionales a que asignen una parte mayor de sus billones de dólares de capital a la emisión de bonos verdes a través de estructuras fiscales favorables. Existen precedentes en Estados Unidos, donde los intereses de los bonos municipales están exentos de impuestos federales. Estados Unidos también ofrece incentivos fiscales a través de los programas de bonos de energía limpia renovable y bonos calificados de conservación de energía. Estructuradas adecuadamente, iniciativas similares podrían estimular el desarrollo del mercado de bonos verdes a mayor escala. Por lo que respecta a las emisiones, los responsables políticos podrían considerar la adopción de medidas para subvencionar los costes adicionales asociados a la verificación externa de los bonos verdes.
En segundo lugar, los responsables políticos y los mercados deberían acelerar los planes para crear un marco universal de bonos verdes, poniendo fin a parte de la confusión en torno a lo que se considera un bono verde. Teniendo en cuenta lo anterior, respaldamos las recientes propuestas de la Comisión Europea de establecer una norma europea en materia de bonos verdes que exija una verificación obligatoria por parte de terceros y el cumplimiento de las normas relativas a la utilización de los ingresos. La norma se basa en los actuales Principios de los Bonos Verdes y se armoniza con la “taxonomía de la UE de actividades económicas sostenibles” que está desarrollando la Comisión.
Aunque, en un principio, la adhesión sería voluntaria, el respaldo de la UE implicaría que el cumplimiento de la norma se convierta en un requisito de facto para los emisores, lo que favorecería la armonización a escala mundial. China ya ha anunciado que utilizará la norma de bonos verdes de la UE para atraer financiación europea, y Pekín está en proceso de eliminar el llamado “carbón limpio” de su lista de proyectos elegibles para la emisión de bonos verdes, lo que constituye un paso positivo.8
En tercer lugar, los contratos de bonos verdes deberían incluir mejores garantías. La mayoría de los contratos no incluyen disposiciones en caso de que un emisor incumpla sus compromisos, y la incertidumbre se cierne sobre el procedimiento correcto que deben seguir los inversores que buscan una compensación. Para evitar este riesgo, los contratos deberían prever una formulación normalizada que aclare el procedimiento en caso de que se observe un uso indebido de los beneficios de un bono verde. La redacción debe garantizar que los intereses de los inversores y de los emisores estén en consonancia. Los mecanismos de resolución de controversias también serán importantes.
Los criterios ESG son decisivos
Estos tres pasos ayudarían a estimular el crecimiento de los bonos verdes, a poner en marcha proyectos relacionados con el clima y a contribuir a que las finanzas verdes se conviertan en una corriente dominante. Pero no serán suficientes para reunir todo el capital necesario en la lucha contra el cambio climático. La Agencia Internacional de la Energía estima que se necesitaría un billón de dólares estadounidenses al año en todo el mundo para financiar la transición hacia una economía sin emisiones de carbono.
Si se pretende que marquen una diferencia real, debemos asegurarnos de que los bonos verdes no sean tratados como una cortina de humo para emisores e inversores que quieren demostrar su compromiso con las causas medioambientales sin incorporar realmente los criterios ESG en sus organizaciones.
Al igual que los accionistas, los inversores en bonos deberían comprometerse con todas las empresas emisoras y los gobiernos para garantizar las mejores prácticas ESG, no simplemente en los programas aislados financiados por los bonos verdes. La única manera de garantizar que los bonos verdes formen parte de este movimiento más amplio hacia el reconocimiento de los criterios ESG en todos los aspectos de las finanzas mundiales es hacer que sean algo más que una moda pasajera.
Este artículo se publicó por primera vez en Financial News.
Referencias
- World’s top pension fund warns against risk of green-bond ‘fad’, Financial Times, julio de 2019
- Green bonds: the state of the market 2018, Iniciativa de bonos climáticos, diciembre de 2018
- Datos del CBI del segundo semestre de 2018
- Why corporate green bonds have been slow to catch on in the US, S&P, febrero de 2019
- Green bonds are a “lose-lose” product says Japan’s GPIF exec, S&P, noviembre de 2018
- Green bonds: the state of the market 2018, Iniciativa de bonos climáticos, diciembre de 2018
- Beyond transparency: unlocking the full potential of green bonds, Institute for Climate Economics, junio de 2016
- Green bond standards are converging, says CBI, Environmental Finance, febrero de 2019
