La solución de los problemas de sostenibilidad pasa por hacer personalmente responsables a los directivos de los errores cometidos por sus empresas en esta materia.

"Los directivos que gestionen las empresas de un modo que perjudique deliberadamente el capital humano o medioambiental deben rendir cuentas por sus acciones, de la misma manera que lo harían si hubieran cometido un delito financiero menor", sostienen Tom Tayler, Mirza Baig y Vaidehee Sachdev.

Lea este artículo para comprender:

  • Cómo los directores de empresas han podido burlar con demasiada frecuencia la legislación medioambiental y sobre derechos humanos sin rendir cuentas
  • Por qué los inversores tienen la obligación financiera y moral de corregir este fallo del mercado a través del compromiso con las empresas y, sobre todo, con los gobiernos y otros responsables políticos
  • El importante papel de las clasificaciones públicas de empresas en temas sociales y ambientales

En julio de 2021, se le impuso a Southern Water una multa récord de 90 millones de libras esterlinas después de que esta empresa de servicios públicos de titularidad privada admitiera que había vertido aguas residuales ilegalmente en ríos y zonas costeras del sur de Inglaterra en no menos de 6971 ocasiones entre 2010 y 2015, lo que provocó graves daños medioambientales en las aguas destinadas a la cría de moluscos1.

Más tarde, ese mismo mes, el arrepentido presidente de la empresa se sintió obligado a publicar una carta abierta, en la que reivindicaba el "cambio cultural profundo y necesario", tanto para la empresa como para su equipo directivo, que había supuesto el hecho de que, desde 2017, la "prioridad absoluta" de Southern Water hubiera sido situar la protección del medio ambiente "a la cabeza y en el centro de todo lo que hacemos"2.

A pesar del aparente arrepentimiento, Southern Water tuvo que hacer frente a nuevas críticas en otoño por verter aguas residuales en 57 zonas en 24 horas y ha sido objeto de una serie de protestas públicas este año. Esto plantea la pregunta de si, a pesar de que el equipo de dirección se comprometió a corregir las deficiencias de la empresa, ha cambiado algo en esencia3.

Este episodio solo ha sido el último ejemplo de las terribles deficiencias operativas de algunas empresas y de las personas que están a su cargo. Con demasiada frecuencia, les resulta más barato a las empresas ignorar las leyes y normativas ambientales o incluso en otros casos talar las selvas tropicales y hacer que el ganado paste en las tierras que gestionar su negocio de una manera más responsable y sostenible.

Un problema similar afecta a muchos otros tipos de negocios. A los minoristas de confección, por ejemplo, les puede convenir más correr el riesgo de que se les acuse de cómplices de abusos contra los derechos humanos, uso de mano de obra infantil o esclavitud moderna que efectuar exámenes exhaustivos y completos de sus cadenas de suministro y conocer todos los niveles de las empresas y proveedores con los que hacen negocios.

En respuesta a los sonados fallos de mercado y a la creciente conciencia pública sobre los problemas de sostenibilidad, las reglas de funcionamiento para las empresas se están endureciendo gradualmente. Por ejemplo, de acuerdo con una propuesta de la Unión Europea, las grandes empresas deberán "identificar, prevenir, mitigar los efectos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente que provocan sus propias operaciones, las de sus subsidiarias y las de sus cadenas de valor, además de poner fin a tales efectos y rendir cuentas sobre ellos"4.

No obstante, aunque los esfuerzos para endurecer la normativa son bienvenidos, quedan brechas en el marco regulatorio que podrían entorpecer las iniciativas para lograr el objetivo deseado. Es posible que las multas punitivas provoquen el cambio deseado en las conductas corporativas, pero se corre el peligro de que las empresas simplemente continúen viéndolas como el coste que implica hacer negocios en lugar de un incentivo para comportarse de forma más sostenible.

Los inversores pagan la factura

Aunque el presidente de Southern Water estuvo rápido cuando aseguró a los clientes que ellos no pagarían ni un centavo de la multa, olvidó mencionar a los accionistas y titulares de bonos de la empresa, quienes a menudo sufren los efectos negativos en forma de caída de los precios de las acciones o los bonos cuando las empresas participadas experimentan problemas de reputación.

Parte del problema reside en el concepto de responsabilidad limitada corporativa. Esto significa que la responsable de la mala conducta es la empresa; no sus directores. A consecuencia de ello, los que finalmente pagan el precio de las multas son los inversores, en forma de impacto en las valoraciones de las acciones y bonos que poseen, y no quienes tomaron las decisiones.

Además de las multas, que son una herramienta importante, se necesita que los directivos, en calidad de mente controladora de la empresa, corran riesgos personales si eligen ignorar o ignoran prácticas que dañen el capital natural o social. Por el momento, los directivos se sienten bastante seguros detrás del velo corporativo. El motivo es que no tendrán que asumir ninguna responsabilidad por las acciones que lleven a cabo en nombre de la empresa. Sin la suficiente responsabilidad personal, hay muy pocos incentivos para adoptar medidas positivas.

Para comenzar a erradicar el problema, los directivos deberían ser personalmente responsables de los incumplimientos deliberados o imprudentes. Según la legislación de Reino Unido, se puede inhabilitar a una persona física para el cargo de director por un periodo de 15 años si se determina que "no es apta", lo que puede guardar relación con una serie de delitos que van desde permitir que una empresa siga operando cuando no puede pagar sus deudas a utilizar dinero o activos de la empresa para beneficio personal. Las normas se deben aplicar contra los directivos de manera más amplia y más sistemática para cambiar las conductas corporativas negativas.

Mientras tanto, la presión sobre las empresas para que modifiquen su comportamiento se deja en manos de los inversores y, en otros casos, de las organizaciones no gubernamentales. En una histórica sentencia de mayo de 2021, un tribunal holandés ordenó a Shell reducir sus emisiones de CO2 un 45 % en comparación con los niveles de 2019 antes de que termine la década5.

Posteriormente, en marzo de 2022, Client Earth, otro grupo de presión medioambiental, interpuso acciones legales contra la junta directiva de la misma empresa, en un intento de responsabilizarla por no prepararse adecuadamente para la transición energética, en lo que fue la primera demanda de este tipo6.

A pesar de que la empresa está tratando de que se anule en apelación la primera sentencia y podría ganar este último caso, el resultado de los litigios relacionados con el clima se está volviendo cada vez más difícil de predecir. El hecho de que la segunda demanda se presente contra los directivos, en lugar de contra la empresa, debería hacernos reflexionar.

Enviar un potente mensaje

El hecho de que los directivos no solo piensen que su empresa está en peligro, sino además que pueden tener que abandonar las salas de juntas, transmite un potente mensaje para que se actúe con consideración con respecto a una serie de problemas de sostenibilidad.

La colaboración activa con las empresas en estos temas juega un papel importante. Una de las formas en que los inversores pueden recabar la atención para que la responsabilidad en materia de sostenibilidad recaiga sobre los hombros de los directivos es votando en favor o en contra de su reelección. Todos los años, dividimos en niveles nuestra política de voto para ampliar la gama de asuntos por los que deben asumir responsabilidades de manera individual. En 2022, por ejemplo, hemos incluido la deforestación y estamos formalizando asimismo actividades de compromiso y administración en torno a esta trascendental cuestión.

Al mismo tiempo, para determinar el tipo de cambio sistémico que se requiere, no bastará únicamente con ir empresa por empresa. Por tanto, los inversores deberían tratar además de ejercer presión sobre los organismos reguladores para asegurarse de que quienes dirijan empresas de un modo que perjudique deliberadamente el capital humano o natural entiendan que están sujetos a inhabilitación. Después de todo, las instituciones financieras tienen la responsabilidad de tratar de influir en los responsables políticos para garantizar un sistema más sostenible con mercados que operen con integridad, puesto que esto está en consonancia con los intereses a largo plazo de sus clientes.

En 2011, las Naciones Unidas establecieron los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos en un esfuerzo por prevenir y abordar el riesgo de efectos adversos sobre los derechos humanos vinculado a la actividad empresarial. Cinco años más tarde, un grupo de inversores liderado por Aviva Investors y organizaciones civiles fundaron Corporate Human Rights Benchmark (ahora parte de World Benchmarking Alliance) con la intención de crear un baremo aplicable a las actuaciones corporativas en materia de derechos humanos y facilitar un entorno competitivo para que las empresas mejoraran el efecto que su actividad provoca en los derechos humanos.

Se espera que, gracias a una mayor transparencia y a la naturaleza pública de la clasificación, cambie la forma en que las empresas y, en especial, las personas que las dirigen se comportan. A consecuencia de ello, iniciativas como esta pueden ajustarse mejor a los intereses de las corporaciones, los accionistas y otras partes interesadas en la sociedad en general. Al mismo tiempo, también puede ser necesario aprobar una serie de normas para garantizar que los rezagados realicen los cambios oportunos. Una vez más, los inversores juegan un papel decisivo a través de sus actividades de administración macroeconómica, al interactuar con las autoridades pertinentes para alentarlas a intervenir cuando sea necesario.

En cuanto a la vieja pregunta de si hacer el bien tiene algún sentido financiero desde la perspectiva de los accionistas, aunque resulta difícil probar esta cuestión de manera concluyente, sobran ejemplos de accionistas que sufren grandes pérdidas debido al incumplimiento de la normativa por parte de las empresas y de las personas que las dirigen.

Entre marzo y octubre de 2015, las acciones de Volkswagen perdieron dos tercios de su valor tras salir a la luz el alcance total de un escándalo relacionado con las emisiones. En fechas más recientes, el precio de las acciones de Boohoo cayó más del 75 por ciento en menos de dos años después de que se acusara a la empresa de esclavitud moderna y se descubriera que a los trabajadores que fabricaban ropa para este minorista en línea británico se les pagaban solo 3,50 libras esterlinas por hora7.

Con el tiempo, se ha adoptado el argumento de que es probable que los riesgos de sostenibilidad se integren cada vez más en los precios de los activos a medida que se corrijan los fallos de mercado. Eso implicaría que los inversionistas tuvieran que recompensar mejor las conductas responsables, mientras que el comportamiento nocivo de las empresas irresponsables se traduciría en costes de capital más elevados.

Si bien casos como los de Volkswagen y Boohoo ilustran la importancia de llevar a cabo exhaustivas comprobaciones de inversión para mitigar los riesgos asociados a malas prácticas comerciales, también sirven para destacar por qué es interesante para los accionistas que quienes tomaron las decisiones rindan cuentas.

Al fin y al cabo, si los ejecutivos cierran los ojos ante las malas prácticas internas y en sus cadenas de suministro, entonces no son aptos para dirigir una empresa.

Referencias

  1. Nota de prensa de la Agencia de Medio Ambiente de Reino Unido: "Record £90m fine for Southern Water following EA prosecution", 9 de julio de 2022. 
  2. Fuente: Sitio web de Southern Water 
  3. Jacob Heath, "Outrage as Southern Water dump sewage in 57 south coast places including Worthing and Hastings", SussexLive, 21 de octubre de 2021
  4. Nota de prensa de la Comisión Europea, 23 de febrero de 2022. 
  5. Ron Bousso, Bart H Meijer and Shadia Nasralla, "Shell ordered to deepen carbon cuts in landmark Dutch climate case"Reuters, 26 de mayo de 2021. 
  6. Damien Gayle, "Shell directors sued for ‘failing to prepare company for net zero’"The Guardian, 15 de marzo de 2022. 
  7. Información sobre el precio de las acciones de Eikon Datastream

"Los directivos deberían ser personalmente responsables de los incumplimientos deliberados o imprudentes".

 Vaidehee Sachdev, Tom Tayler y Mirza Baig

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